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Novembre 2017

Clase y nación: el papel de los sindicatos CCOO y UGT en el Proceso soberanista catalán (2012-2017)  

 di José Manuel Rúa Fernández e Javier Tébar Hurtado

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Pubblichiamo un contributo sulla recente evoluzione politica catalana scritto per la SISLav da due storici del lavoro che insegnano a Barcellona, José Manuel Rúa Fernández, ricercatore del Centre d’Estudis Històrics Internacionals presso la Universitat de Barcelona, e Javier Tébar Hurtado, professore della Universitat de Barcelona e direttore del Arxiu Històric de CCOO de Catalunya. Ringraziamo entrambi per lo sforzo compiuto nel presentare al lettore italiano - quasi in presa diretta - un’analisi del rapporto tra il “Processo sovranista” catalano e i principali sindacati esistenti in Catalogna, le Commissioni Operaie (CCOO) e la Unión General de Trabajadores (UGT).
Abbiamo deciso di mantenere la versione originale in castigliano: per facilitare la lettura sono stati inseriti direttamente nel testo, tra parentesi quadre, le traduzioni dei lemmi di meno immediata comprensione.

 

Del denominado Procés (“Proceso”) se viene debatiendo desde 2012, aunque tiene sus precedentes. En cualquier caso, sobre él se ha escrito con sentido en algunas ocasiones, pero también con escaso o sin ningún sentido la mayoría de las veces. Si una virtud destaca del Procés es que ha terminado conformando un fenómeno complejo, un mecanismo que adopta la forma de bucle [trad.: ciclo] ininterrumpido y que promete continuidad. Vaya por delante que el Procés sobiranista catalán parecería - tal como ha insistido el periodista Guillem Martínez - un fenómeno construido con una argamasa [trad.: amalgama] donde se mezclan y combinan propaganda, dosis de una “Gran ilusión” entre parte de la ciudadanía - aunque no mayoritaria - y, por tanto, voluntad de movilización, así como una evidente debilidad de los instrumentos necesarios para llevar a cabo sus objetivos. Esto es algo que hace que propaganda, ilusión, apoyo y movilización puede que no conduzcan más allá del final de una escapada sin aliento como la que relató Godard en su film “À bout de souffle”; nada que ver con la persistente idea que emplea a menudo [trad.: spesso] la metáfora culinaria del suflé francés.

Hablar del Procés que ha tenido lugar durante los últimos cinco años en Cataluña no sólo requiere analizar la estrategia y los comportamientos de los partidos que conforman el sistema político catalán. Este sistema, construido a partir de 1980, ha sido sacudido [trad.: scosso] a partir de la aparición de nuevos partidos, de la transformación de otros y del hundimiento [trad: naufragio] relativo de algunos. Así como la emergencia de formaciones políticas como la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), autodefinidas como anticapitalistas y defensoras de un proyecto de los llamados “Països Catalans” (Catalunya, País Valencià, Illes Balears y la Catalunya Nord francesa) que había mantenido hasta entonces la voluntad de no participar en las instituciones catalanas más allá del ámbito local. También es necesaria una interpretación sobre las actuaciones de los diferentes actores políticos en el seno de las instituciones autonómicas de autogobierno y su relación con la política española, dado que todos ellos - a excepción de las CUP - tienen representación en las Cortes españolas.

Por otro lado, cualquier examen de esta cuestión conduce a situar adecuadamente el papel de las asociaciones que han impulsado el movimiento independentista desde 2012, entre las que destacan Omnium Cultural, nacida para la defensa de la lengua y la cultura catalana en 1961 durante la dictadura del general Franco, y una asociación de reciente creación como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), fundada en 2011. Estas asociaciones son presentadas a menudo como la panoplia que retrataría, según algunos, la “sociedad civil” catalana. Ambas entidades, junto con otras de menor dimensión y influencia, constituirían el basamento de lo que se ha planteado como la actuación de un movimiento social por la independencia de Cataluña. De manera que a la política convencional desarrollada en las instituciones ha terminado yuxtaponiéndose una sui generis, por indistinta, política no convencional que, más allá de cuestionar el status quo de la política territorial española, plantea el desbordamiento institucional con el objetivo de lograr la separación del Estado español a partir de declarar la República Catalana como Estado independiente y soberano.

Este ha venido siendo un marco de análisis habitual, en particular desde los medios de comunicación, para aproximarse y ofrecer claves sobre el Procés. Sin embargo, este es un marco incompleto al dejar fuera de foco el examen de las organizaciones de mayor arraigo [trad.: tenuta, radicamento] e implantación social en Cataluña, nos referimos a los sindicatos de clase. Por tanto, es necesario interrogarse sobre cómo estas organizaciones se han posicionado y movilizado en relación al Procés. Este es nuestro propósito en este breve artículo.

Los sindicatos de clase mayoritarios en Cataluña, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) y la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), no han permanecido ajenos al proceso político que ha vivido la sociedad catalana en los últimos tiempos, acompañando estos cambios desde su condición de sindicatos de clase y autodefinidos como “nacionales” para referirse al espacio de su acción sindical, a su vínculo histórico y sociocultural y a su defensa del autogobierno catalán. Sindicalismo “nacional” que no “nacionalista”. Precisión necesaria, en particular cuando este texto está pensado para lectores y lectoras italianos. Así las cosas, es necesario en primer lugar puntualizar que “de clase y nacional” es una definición compuesta de dos conceptos con una historicidad propia en el caso catalán y cuya densidad y significado proviene de los años de la lucha contra la dictadura franquista. A partir de los años de la transición a la democracia en España, CCOO y UGT ocuparán la mayor parte del mapa sindical catalán, haciendo inviable los sucesivos y fallidos intentos de crear un sindicato nacionalista por parte de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya - junto con Unió Democrática de Catalunya (CDC), su socio federado del que se desprendió traumáticamente en 2015 - transformada en 2016 en el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). En definitiva, hablamos del fracaso del nacionalismo moderado liderado entonces por Jordi Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, a la hora de crear un tercer sindicato de carácter nacionalista en los años ochenta y los noventa del pasado siglo XX. El problema del sindicalismo catalán de inspiración nacionalista será, precisamente, su falta de relevancia a nivel nacional catalán. Las primeras elecciones sindicales en libertad, que datan de 1978, pusieron de manifiesto tanto el liderazgo de Comisiones en Catalunya - con una ventaja electoral mayor que la cosechada [trad.: risultato] a nivel estatal - como una posición hegemónica en el mapa sindical catalán que se mantiene vigente a día de hoy. De manera que podemos constatar que los cambios que ha experimentado el sistema político catalán en los últimos años - cambios para los que algunos autores han utilizado la imagen del Tsunami catalán - no se han visto reflejados en el mapa sindical, caracterizado por la estabilidad tras las primeras elecciones sindicales.

Es innegable que los sindicatos de clase han participado en el Procés desde el primer momento. ¿Cómo y cuál ha sido su participación? Pues bien, fueron partícipes de la multitudinaria manifestación del 10 de julio de 2010 con el lema Som una nació. Nosaltres decidim (“Somos una nación. Nosotros decidimos”), contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. El Estatuto catalán había sido refrendado por los catalanes en junio de 2006, pero un mes después, en julio, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el mencionado tribunal. La sentencia del alto tribunal se emitió cuatro años más tarde, en junio de 2010, y declaraba 14 artículos inconstitucionales y establecía una interpretación sobre otros, negando la cuestión fundamental de reconocer a Cataluña como nación. Así pues, el apoyo de la manifestación del 10 de julio de 2010 por parte de los sindicatos mayoritarios era perfectamente coherente con sus anteriores posicionamientos públicos, dado que ambas organizaciones han reconocido a Cataluña como una nación y al haber defendido el voto afirmativo para el Estatuto en el 2006.

Siguiendo con este relato cronológico, la multitudinaria manifestación de la Diada Nacional de Catalunya del 11 de septiembre de 2012 supuso [trad.: rappresentò] el inicio de una nueva etapa en la política catalana con la convocatoria avanzada, en clave ya plenamente soberanista, de elecciones autonómicas para el mes de noviembre de aquel mismo año. En este escenario los sindicatos mayoritarios se sumaron al Pacte Nacional pel Dret a Decidir (“Pacto Nacional Por el Derecho a Decidir”), que vio la luz en verano del 2013 con el objetivo de lograr [trad.: ottenere] un referéndum legal y acordado con el Gobierno español sobre el futuro político de Cataluña. A partir de entonces: ¿cuál fue el papel por los dos sindicatos catalanes respecto al Procés? Los documentos aprobados en sus últimos congresos dibujan un posicionamiento compartido por ambos: Cataluña tiene derecho a determinar libremente su futuro a través del voto democrático de sus ciudadanos. Este posicionamiento ha sido fruto de debates internos desarrollados paralelamente por ambas centrales, abandonando las antiguas preferencias federales para adoptar el discurso del “Derecho a decidir” - que cabe entender como una nueva formulación del “Derecho de autodeterminación” - y la defensa de la celebración de un referéndum de autodeterminación fruto del acuerdo entre el gobierno central y el catalán, reconocido a nivel internacional y vinculante a todos los efectos, siguiendo los modelos escocés y quebequés. De esta forma, el compromiso sindical con la consulta acordada con el gobierno español comportaría también la adhesión al Manifiesto del Pacte Nacional pel Referèndum (Pacto Nacional por el Referéndum), organismo institucional constituido el 23 de diciembre de 2016 que reúne todo tipo de entidades políticas y sociales en torno a este mismo propósito, dado que se defendía que el marco constitucional español permitía la realización de este referéndum.

En este sentido, el abandono del federalismo en las preferencias sobre el modelo de articulación política y territorial del Estado por parte del sindicalismo de clase para adoptar el genérico “Derecho a decidir”, no se entiende sin analizar los cambios políticos experimentados a nivel interno por la propia militancia y la afiliación de ambas organizaciones sindicales. Hemos de tener presente en todo momento que los sindicatos, como organizaciones sociales que persiguen la más amplia agrupación de la clase trabajadora, son en buena medida un reflejo de la sociedad en la que están incardinadas. Por tanto, lo acontecido en torno al Procés, ya sea a nivel político-institucional, con la aparición de nuevas formaciones o la articulación de mayorías parlamentarias inéditas hasta la fecha, o bien en la dimensión socio-política, con los cambios en la opinión pública sobre las preferencias de estatus político para Cataluña, también han tenido su proyección en el interior de los propios sindicatos. Ahora bien, la cuestión, aunque sea de Perogrullo [trad.: lapalissiana], es que un sindicato no es un partido político. Esto conlleva que determinadas cuestiones políticas, como el mismo Procés, no sean ejes [trad.: assi] sobre los que pueda pivotar [trad.: ruotare] la vida cotidiana de la organización, ni de cara a [trad.: in vista di] la elección de la dirección ni de cara a marcar la acción sindical. Aunque así se intentara. Dicha acción sindical seguiría encaminada, por encima de cualquier otra consideración, a gestionar el conflicto socio-laboral. De este modo, la existencia de posicionamientos políticos - y en torno al Procés existe un posicionamiento público que ya hemos comentado - no puede comportar la identificación con una agenda política partidista que pondría en riesgo la cohesión interna al no reflejar la pluralidad política de su afiliación y de su influencia en forma de votantes sindicales o de simpatizantes. En el caso del sindicalismo confederal catalán no es una cuestión de ser “transversales” o “equidistantes” -signifique ya hoy lo que signifique este término - como a menudo ha se venido reclamando por algunos sectores, sino de mantener su función principal que está orientada a fortalecer el vínculo social del trabajo asalariado en el contexto del momento neoliberal que se ha caracterizado por un duro ataque dirigido contra los derechos laborales y contra el propio papel del sindicalismo y de la libertad sindical o la protección de los asalariados.

De acuerdo con todo lo anterior, las dos grandes centrales catalanas, caracterizadas como sindicatos de clase y nacionales, y comprometidas con el autogobierno catalán, participarían de aquellas reivindicaciones democráticas que entiendan Cataluña como un sujeto político soberano. Esta es una concepción más política que jurídica en el actual marco legal que es, por otra parte, muy discutible en un mundo globalizado de soberanías compartidas. No obstante, participar de este tipo de reivindicaciones no implica acompañar la hoja de ruta soberanista hasta el final de su trayecto. En este sentido, los sindicatos han priorizado el diálogo con el Gobierno español para lograr un objetivo irrenunciable: que el referéndum sea pactado, por tanto no unilateral, y que preserve la convivencia civil en Cataluña. Cualquier otro escenario para resolver el conflicto político catalán, supondrían costes políticos y sociales difícilmente asumibles para el sindicalismo de clase catalán. Por esta razón, todas aquellas acciones encaminadas a avanzar por la vía de la unilateralidad no han contado con el apoyo del sindicalismo mayoritario en Cataluña.

Es obvio que dentro de los sindicatos existe una pluralidad de sensibilidades respecto al tema en cuestión de la independencia catalana y ello es, por otro lado, manifestación de la expresión democrática de las organizaciones sindicales. Algo que hace posible la presencia en dichas organizaciones de actitudes de militantes y afiliados partidarios de suscribir todos los pasos del Govern y de la mayoría independentista en el Parlament, aunque ello implique desbordar el actual marco constitucional y estatutario, para instaurar una nueva legalidad “catalana”, en sustitución de la “española”. El que se manifiesten estas voces - importantes, aunque no mayoritarias - no significa que las respectivas direcciones sindicales necesariamente hayan de estar dispuestas a transitar una senda [trad.: sentiero, strada] que podría dividir tanto a los propios sindicatos como a la sociedad catalana en su con junto. De hecho, ante la convocatoria del llamado referéndum del pasado 1 de octubre los sindicatos mayoritarios respondieron a la Generalitat con la exigencia de mantener en todo momento la seguridad jurídica para los funcionarios. Ante las apuestas unilaterales del gobierno de la coalición de Junts Pel Sí, liderado por el presidente Puigdemont y sus apoyos parlamentarios, tanto CCOO como UGT han priorizado proteger a los funcionarios de las posibles consecuencias legales de este tipo de actos. A pesar de las críticas recibidas desde los espacios mediáticos independentistas y de las inevitables tensiones internas que ello ha suscitado, los sindicatos se han mantenido firmes en su función primordial: la defensa de los intereses de sus afiliados y del conjunto de los trabajadores de la función pública, oponiéndose a suscribir la hoja de ruta del Govern y de las entidades independentistas Omnium Cultural y ANC.

Paralelamente al escenario institucional - sea en forma de DUI (Declaración Unilateral de Independencia) como la declarada en el Parlament el pasado 27 de octubre o bien del RUI (Referéndum Unilateral de Independencia) como se produjo el pasado 1 de octubre -, la hoja de ruta [trad.: tabella di marcia, road map] independentista también incluye una movilización en la calle para obligar al gobierno español a negociar políticamente los términos de la separación de España. Esta es una estrategia lógica vista la respuesta obtenida por el independentismo en las pasadas convocatorias de la Diada Nacional de Catalunya, de cara a sostener en la calle las reivindicaciones políticas del Govern y de la mayoría independentista en el Parlament. El problema de esta estrategia sería el paso de una ocupación puntual del espacio público a una presencia continuada y permanente para plantear un largo pulso político. Este paso podría iniciarse, según algunos actores políticos y entidades independentistas, mediante la convocatoria de una huelga general. El uso de esta táctica es una posibilidad que fue apuntada tiempo atrás tanto por el ex president de la Generalitat Artur Mas como por el líder de ERC Oriol Junqueras. No obstante, esta es una medida que, tal y como han demostrado los hechos, no cuenta con el apoyo ni de CCOO ni de UGT por su contenido extremadamente politizado y partidista. En definitiva, un contenido que no representaría la pluralidad del conjunto de sus afiliados. Lo que realmente se produjo el pasado 3 de octubre fue un “paro de país” o un “paro ciudadano” y no una huelga. Aquella fue una respuesta a la represión policial que se produjo el domingo 1 de octubre en los centros de votación de un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional español. Aquel fue un acuerdo de los sindicatos, junto con una amplia presencia de otras organizaciones, con la voluntad de exigir soluciones políticas a un problema político y, al mismo tiempo una denuncia de la represión policial, auspiciada por las decisiones del gobierno de Rajoy que, lejos de solucionar el denominado problema catalán por la vía política prefiere el uso de los mecanismos jurídicos y represivos. Sin embargo, ante la renuncia a la convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Puigdemont el día 26 de octubre así como la posterior declaración unilateral de la independencia el pasado día 27, con un Parlamento catalán semivacío, que condujo a aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del gobierno español y a todas sus derivaciones, no ha conducido a que CCOO y UGT dieron su apoyo a la convocatoria reciente de una huelga general convocada el pasado 8 de noviembre por un sindicato minoritario, que se presenta como de “obediencia nacionalista” [Intersindical-CSC]. Esta huelga tuvo nulos efectos en los centros de trabajo, constituyendo una jornada de movilización a partir del corte de carreteras y de transportes públicos que no fueron protagonizados por un sindicato sino por los denominados Comités de Defensa de la República nacidos después del 1 de octubre. Un nuevo actor en los días recientes, alentados en algunos casos por la CUP pero no subordinados a ella.

Llegados a este punto podemos concluir que CCOO y UGT han acompañado al movimiento soberanista que da forma al Procés en todas aquellas demandas que entendían como reivindicaciones democráticas y socialmente mayoritarias, pero se han distanciado de aquellas que amenazarían la convivencia civil en Cataluña y que pondrían en peligro la propia unidad sindical. Su actitud sería coherente con sus estatutos y los documentos congresuales aprobados recientemente, en los que abogan por [trad.: auspicano] el derecho a decidir sin decantarse por ninguna opción en concreto ya sea autonomismo, federalismo o independentismo. De hecho, este planteamiento entronca [trad.: si collega] con la tradición socialista y comunista de defensa del derecho a la autodeterminación, de la cual ambos sindicatos serían herederos. Una tradición que en el pasado comprometió a estas organizaciones con una propuesta federal para España, pero que ahora - bajo el clima político del Procés - han abandonado en aras [trad.: nell’interesse] de la unidad interna. Esto es algo que no deja de ser una cierta contradicción al tratarse de organizaciones federadas o confederadas orgánicamente a nivel estatal y que trabajan conjuntamente para mejorar las condiciones laborales a nivel español.

Es evidente que los sindicatos no podían mantenerse ajenos al debate “procesista”, tanto por la tradición sindical de defensa del autogobierno catalán como por tratarse de organizaciones representativas de la sociedad en la que están inmersos, pero también resulta obvio que tampoco podían secundar aventuras políticas unilaterales que los alejaran irremediablemente de sus función primordial: la representación y defensa de la clase trabajadora catalana, una clase que es tan plural a nivel político e identitario como lo es el propio país. Otra cuestión es si la síntesis para mantener la unidad interna de los propios sindicatos y la cohesión social del país sería el denominado “Derecho de decidir” en abstracto o bien una propuesta de síntesis más ambiciosa en un sentido federal y de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Un proyecto que pudiera recibir apoyos sumando las distintas identidades nacionales y en correspondencia con el modelo organizativo de los propios sindicatos.